El ecosistema de los medios de comunicación en América Latina reproduce el esquema colonizado de las sociedades donde la epistemología del conocimiento se deposita en un grupo. El poder y saber está en los medios comerciales privilegiados por los gobiernos desde su llegada.
Es posible observar, una y otra vez, cómo los grupos que en términos de poder son más fuertes que otros grupos interdependientes que se consideran a sí mismos mejores que otros en términos de humanidad.
Todas nacen con fines distintos, pero tienen en común la trasformación de la realidad social.
Cada una tiene su propia característica, la comunicación alternativa tiene que ver con una idea o un proyecto más político, con una idea de poner en eje al sujeto, no solo del sujeto como portador de una voz, sino como un proceso de concientización y un proceso de liberación de ideologías por así decirlo.
En la comunicación popular el pueblo es el protagonista emancipador que también va a buscar democratizar la información, pero ya no tanto en forma de proyecto político como lo plantea la comunicación alternativa, sino más bien situado en un lugar o contexto que es el pueblo o la situación particular de esa comunidad, plantea una comunicación horizontal a que me refiero a que el emisor, receptor y los dueños de los medios de comunicación que son comunicadores haya una relación lineal.
Luego está la comunicación comunitaria que va a empezar siempre desde un lugar o un contexto súper chiquito o sea desde muy abajo para arriba, se está pensando en este cambio y de donde se van a realizar actividades de acuerdo a las necesidades de una comunidad.

Por desarrollo local o endógeno se ha de entender aquel proceso que proporciona un mejoramiento en las condiciones materiales y espirituales de los diferentes individuos de la sociedad. Este proceso se establece a partir de seis dimensiones establecidas por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo): la equidad, la sostenibilidad, la productividad, la cooperación, la potenciación y la seguridad.
La comunicación para el desarrollo es un tema que se ha venido tratando desde finales de la década de 1950, el interés por esta viene asociado a las investigaciones en el campo del uso educativo de los medios de comunicación y su influencia para potenciar las aplicaciones tecnológicas en las zonas rurales.
Luego de esto, ya adentrados en la década del 60 se daría una coyuntura histórica en la cual la difusión y aplicación de los mass media vendría, según sus promotores, unida a la idea de progreso y de beneficios en las comunidades tradicionales que los aplicaran, lo cual estuvo dado por las potencialidades que ostentaban para la modernización.
El constante crecimiento económico, una distribución equitativa y la democratización del acceso a estas tecnologías eran las metas que aseguraban los primeros promotores de este modelo (Rogers, 1962; Schram, 1964).
Uno de los aspectos fundamentales a abordar, como dice la socióloga argentina Roxana Cabello (2002), son «las formas específicas de comunicación que se dan a nivel local, ya sean éstas vehiculadas a través de tecnologías mediáticas o relacionadas con distintas formas de comunicación interpersonal o mediatizada». Lo que, desde la lógica de la inclusión, se ha dado en llamar las redes de convivencia o redes comunitarias.
La comunicación se ha convertido en una herramienta básica en el desarrollo de las sociedades al facilitar la creación de patrimonio, de una cultura de participación y la construcción democrática de ciudadanía (BELTRAN, 2002). En este sentido, una comunicación para el desarrollo debe estar íntimamente ligada con la creación de valores, la sensibilización y la educación. Se hace necesario educar para los medios y trasmitir las potencialidades de estos que propician el debate y la democracia.

Las interrelaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo social es quizá el más importante y complejo que pueda plantearse ante los estudios CTS desde la perspectiva de los países subdesarrollados.

La relación entre ciencia, tecnología y desarrollo social es un problema al cual el pensamiento latinoamericano ha dedicado no poca atención, sobre todo en las décadas de los años 50, 60 y 70, período en el cual se construyeron auténticos paradigmas de las ciencias sociales latinoamericanas, tales como la concepción estructuralista promovida por la CEPAL o primera teoría global del desarrollo (Sonntag, 1988) y las teorizaciones sobre la dependencia. Sin embargo, la crisis de los paradigmas, el agotamiento de los modelos de desarrollo practicados en la Región y el empuje neoliberal, determinaron que en los 80’s se produjera una suerte de «contrarrevolución en la teoría del desarrollo» que significó no sólo la falta de voluntad política real para encauzar programas alternativos a las recetas neoliberales, sino también cierta inacción del pensamiento que debía construir los enfoques que sirvieran de fundamento a verdaderas estrategias de desarrollo.

Uno de los temas más complejos y relevantes que tiene que asumir hoy el pensamiento CTS en América Latina es el de la interrelación entre innovación y desarrollo social. La globalización en curso y su fuerte asentamiento en el paradigma tecnológico dominante plantea un desafío incomparablemente mayor que cualquier otro a los países latinoamericanos y en general del Sur. América Latina representa aproximadamente el 2,4% de los científicos e ingenieros dedicados a I+D en el planeta y consume aproximadamente el 1,8% del gasto mundial en esas actividades. A inicios de los años 60 la Región dedicaba el 0,2% del PIB a I+D, en los 80 llegó a dedicarle el 0.5% y las cifras más recientes reportan el 0,4%. Existen más de 3,5 millones de profesionales de los cuales cerca de 100 mil se dedican a actividades de I+D y más de 6 millones son estudiantes universitarios; cada año se gradúan alrededor de 500 mil jóvenes de los cuales el 20% proviene de ingenierías, ciencias exactas y naturales. Muchos países tienen establecidos los estudios de posgrado. En las décadas de los años 50, 60 y 70 la institucionalización de la ciencia recibió un significativo impulso a través de la creación de facultades de ciencias e ingenierías, institutos de investigación y consejos nacionales de ciencia y tecnología encargados de las actividades de planificación (Herrera et.al, 1994).

Toda esa infraestructura demostró toda su vulnerabilidad en los años 80 bajo el impacto de la crisis de la deuda y la implantación de modelos neoliberales en la Región. Al término de la década de los 90 se aprecian tendencias preocupantes. Se constata una creciente fuga de cerebros, el desempleo de científicos e ingenieros es habitual; el proceso de privatización de la educación superior y los recortes presupuestarios que se aplican están dañando aún más la capacidad de investigación. Con frecuencia esta se encuentra divorciada del aparato productivo y de otras aplicaciones prácticas, por lo que en términos de su impacto social buena parte de esa investigación es sencillamente trivial. Los pronósticos, además, no son nada alentadores: se aprecia que las capacidades de investigación tienden a disfrazarse y distanciarse de las graves carencias y necesidades sociales (Sagasti y Cook, 1988).

La globalización de los mercados, el paradigma tecnológico dominante, la competencia entre los grandes bloques económicos y la propia ideología neoliberal, han convertido el tema de la competitividad en el núcleo de las estrategias de empresas, gobiernos e instituciones de investigación. Ser o no ser competitivo resumen las opciones de sobrevivencia y triunfo o fracaso y anulación. La competitividad a su vez descansa en la innovación, es decir, en la «introducción de una técnica, producto o proceso de producción o de distribución de nuevos… procesos que con frecuencia puede ser seguido de un proceso de difusión» (Martínez, 1994, p.516). A su vez la capacidad de innovación se apoya en gran medida en la tecnología («dura» y «blanda»), cuyo rasgo contemporáneo es la fuerte articulación al conocimiento científico.

Son estas prioridades las que explican las transformaciones en las políticas científicas y su conversión en políticas de innovación, lo que supone una transformación radical en el modo de producción del conocimiento donde el contexto de aplicación aparece ahora como el primordial e inicial. En este caso se transforma el ethos científico y los criterios clásicos de evaluación del trabajo científico (peer review) son sustituidos por otros donde la rentabilidad y la ganancia ocupan un sitio primordial.